Una vez más, la provincia de Veraguas se ve sacudida por un hecho que hiere profundamente la conciencia social y expone las sombras del silencio: dos niñas, una de apenas 12 años y otra de 13, resultaron embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual. Los presuntos agresores no son desconocidos. Son, tristemente, su propio padre y un familiar cercano.
El fiscal Edgardo Barahona, de la Sección Especializada de Abuso Sexual del Ministerio Público en Veraguas, confirmó que las investigaciones avanzan junto con los personeros de los distritos de Santa Fe y Las Palmas. Uno de los sospechosos ya fue aprehendido, mientras que el otro continúa viviendo en una apartada comunidad del norte santafereño su ubicación no ha sido revelada para evitar su fuga.
Sin embargo, más allá del proceso judicial, este caso refleja una tragedia estructural que el país sigue sin enfrentar con la fuerza que merece. En comunidades rurales, hasta en las urbanas donde la pobreza, el aislamiento y el miedo se combinan, el abuso sexual contra niñas y adolescentes se repite bajo el silencio cómplice del entorno familiar y la ausencia del Estado.
Mientras las autoridades prometen justicia, dos menores de edad cargan con el peso de una maternidad impuesta, producto del crimen más atroz. ¿Dónde estaban los mecanismos de protección? ¿Dónde el sistema educativo, las redes comunitarias y los programas de prevención? Son las interrogantes que muchos en la sociedad se hacen.
Organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la niñez en Veraguas han expresado su indignación, calificando este hecho como “una vergüenza nacional que demuestra el abandono institucional hacia los sectores más vulnerables”.
